Un asunto pendiente y urgente
para el próximo gobierno

Publicado en Tercera vía por @SIMO_Consulting / Por: Carolina Bodewig @bodewigcaro / Publicación original: http://terceravia.mx

Este domingo 1 de julio se completó una de las elecciones más grandes que ha tenido lugar en México, pues se eligió al próximo presidente de México, pero también a más de 18 mil cargos de elección popular federales y locales. A nivel federal: la presidencia de la República, 500 diputaciones, 128 puestos en el senado. A nivel local se elegirán 8 gobernadores, un jefe de gobierno en la Ciudad de México, 972 diputaciones, 1,596 presidencias municipales, 16 alcaldías y otros cargos de locales1 . En este marco, SIMO Consulting S.C. realizó una encuesta de salida que ha permitido conocer datos relevantes sobre las preferencias, preocupaciones y motivaciones de voto que la población tiene en el marco de estas elecciones.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), las mujeres representan el 51.85% de la lista nominal de electores publicada por esta institución y los hombres el 48.15%. De acuerdo con datos de la encuesta de salida realizada por SIMO Consulting durante la jornada del 1 de julio, del total de personas encuestadas que votaron por Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia un 47% son mujeres y un 53% hombres. En el caso de quienes votaron por Ricardo Anaya de la coalición PAN, PRD y MC 55% de las personas que votaron por él son mujeres y 45% hombres; y de quienes votaron por José Antonio Meade el 48% son hombres y 52% mujeres.

 

 

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En términos generales - sin importar el candidato por el cual votaron- el tema que más les preocupa y que más motivó la elección de las mujeres fue la seguridad. El 26% de las mujeres mencionaron la seguridad como el tema principal, seguido por la corrupción con un 19%, y por último la pobreza mencionado por el 17%. Los hombres coincidieron en el tema de la seguridad como su principal preocupación y motivador del voto con un 25% del total de sus menciones. Sin embargo, es innegable que cuando las mujeres hablan de seguridad hacen referencia tanto a sus percepciones como a las manifestaciones de inseguridad que son muy distintas a las de los hombres, especialmente en un país como México.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2017), estimó que el 76.9% de las mujeres piensa que vivir en su entidad es inseguro frente al 71.3% de los hombres que perciben esta inseguridad en sus entidades correspondientes. Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en diversos lugares públicos o privados. Esta misma encuesta reportó que el 73.6% de las mujeres manifiesta que se siente insegura en el transporte público en contraste con el 66.4% de los hombres; diferencias que se repiten en otro tipo de espacios públicos y privados como parques, centros comerciales, el trabajo o incluso su propia casa.

Y por supuesto que no solo las percepciones sobre violencia y seguridad son diferentes entre hombres y mujeres, son las expresiones mismas de la violencia las que son distintas. En la mayoría de los casos, es su condición de ser mujer las que las pone en niveles más altos de vulnerabilidad que a los hombres.

 

 

Según ONU Mujeres México, en el país 9 de cada 10 mujeres han sufrido algún acto de violencia en el transporte público, 50% de las mujeres manifiestan que han sufrido violencia en su comunidad o colonia a lo largo de su vida y el 38% de las mujeres a nivel nacional han sido víctima de violencia sexual (ENDIREH, 2011). Es un hecho en el que han insistido – ya hasta el cansancio y con urgencia - diferentes investigadores, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre 2007 y 2016 en México fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

 

Al grave escenario que representan estas cifras en sí mismas – y su rápido crecimiento en los últimos años- se le suma la casi ausente respuesta por parte del Estado. Los mecanismos para registrar y categorizar a los feminicidios como tales no están definidos y lo que es peor aún, las autoridades no tienen la capacidad ni las herramientas para registrar, atender y procesar casos de este tipo. Los Ministerios Públicos no cuentan con protocolos ni están capacitados para realizar investigaciones bajo estándares internacionales que permitan analizar cuáles homicidios deben ser tipificados como feminicidios. La misma Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) hace un señalamiento al Estado mexicano para que se adopten las medidas que sean necesarias para fortalecer el sistema de registro de violencia de género, que se desglosen según el tipo de violencia, contexto, circunstancias, según la persona que comete el crimen y la agresión contra la mujer.

La ausencia de protocolos y la falta de cumplimiento de estándares internacionales para realizar investigaciones de crímenes cometidos contra mujeres es justamente lo que impide a las mujeres tener acceso a la justicia en casos de violencia, lo que significa también que se les violenta su derecho a tener acceso a un proceso de justicia operado y garantizado por el Estado de acuerdo con sus necesidades. Esta situación es uno de los factores que posiblemente contribuye a fortalecer la percepción de las mujeres del país para no sentirse seguras en lugares públicos o privados, aunada a la desconfianza que tienen en las autoridades al momento de denunciar y para obtener una respuesta de parte de éstas contra su agresor.

Este escenario es con el que se encuentra – y al que también debe hacerle frente- el nuevo gobierno federal y también los gobiernos estatales que tomarán posesión en los próximos meses. Cabe preguntarse si el nuevo gobierno federal y el resto de nuevos funcionarios tendrán la voluntad de hacer de la seguridad de las mujeres un asunto prioritario, si concebirán al ascenso de la violencia de género como un tema urgente e inaplazable para el país.

 

 

Durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018, SIMO Consulting realizó 3,825 entrevistas cara a cara a hombres y mujeres de 18 años y más que cuentan con credencial de elector y que emitieron su voto en algunas de las casillas seleccionadas. Para eso, se eligieron previamente 110 secciones a nivel nacional.

Este tamaño de muestra se calculó con base en un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/-2.1%. Las secciones se distribuyeron proporcionalmente dentro de cada estrato. La estratificación corresponde: al tipo de zona rural, urbana o mixta; al nivel de participación electoral de la sección en la última elección federal. Los encuestadores condujeron entrevistas con los ciudadanos que recién habían emitido su voto. Es importante señalar que no se les ofrece ningún tipo de incentivo a los entrevistados para que participen en el estudio.

1Secretaría Ejecutiva y UTVOPL al 05 de abril de 2018, Numeralia Proceso electoral 2017-2018 Instituto Nacional Electoral, 2018.

 

La seguridad de las mujeres

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